No cabe duda que uno de los componentes del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las antiguas Farc-EP, que mayores debates ha generado durante los últimos años en Colombia, ha sido el relacionado con la aplicación de los mecanismos de justicia transicional, más específicamente en lo atinente a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, la que agregó otro ingrediente conocido como los “falsos positivos”.
Durante más de cuatro años, la sociedad colombiana ha sido espectadora pasiva de las controversias políticas y jurídicas sobre la constitucionalidad, conveniencia y legitimidad de estos mecanismos.
La verdad es que la justicia transicional y los mecanismos institucionales y sociales que se han diseñado en Colombia, no se han convertido en expresiones de solidez social, sino más bien de profundas tensiones entre estos actores con la proliferación de conceptos que ponen en duda su efectividad y en los cuales el sentido sobre el derecho, la justicia y las instituciones jurídicas, han sido más bien objeto de disputas de esta naturaleza.
Luego de la firma del Acuerdo de Paz, sobrevinieron diferentes debates en la sociedad colombiana, específicamente sobre la Justicia Especial para la Paz– JEP y en ese tramo nos encontramos en estos momentos.
Se estableció que quienes hubieran participado en crímenes de guerra o graves violaciones de derechos humanos, debían comprometerse seriamente en el reconocimiento de los hechos, en el esclarecimiento de la verdad y en la contribución a la reparación.
Si cumplían con tales condiciones, recibirían sanciones, pero de carácter restaurativo; de lo contrario, recibirían sanciones contempladas en la justicia ordinaria tal como está consignado, en el texto en mención.
En los últimos días la opinión pública colombiana ha exteriorizado su estupefacción por la polémica surgida en lo atinente a otro tema de primordial importancia en el marco del conflicto armado que aún subsiste en Colombia, como es el fenómeno de los “falsos positivos”, se trata de un contundente pronunciamiento de la JEP respecto a otro de los más oscuros acontecimientos del conflicto armado en nuestro país.
Luego de más de cuatro años de investigación, la JEP señaló que el número de víctimas de “falsos positivos” sería de 6.402 hechos que se produjeron entre los años 2002 y 2008, una cifra casi tres veces mayor a la reportada por la Fiscalía General de la Nación, la que calcula en 2.248 casos acontecidos en un periodo mucho más extenso, de 1988 a 2014.
Ese reporte no solo revivió el horror y la indignación por esa macabra práctica ilegal, sino que encendió un fuerte debate en torno a las circunstancias de cómo se llegó a esa escalofriante cifra.
El horror de los ‘falsos positivos’, que comenzó a destaparse desde años atrás, se constituye en uno de los capítulos más vergonzosos que hayan tenido que enfrentar las Fuerzas Militares en toda su historia.
Las denuncias contra uniformados que supuestamente asesinaban a civiles para presentarlos como guerrilleros o delincuentes caídos en combate, llegaron a los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2019 condenó al Estado colombiano por casos de ejecuciones extrajudiciales, un asunto que igualmente llegó hasta las instancias de la Corte Penal Internacional.
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